jueves, 28 de mayo de 2015

Elecciones: de los compartimentos estancos pre-electorales a los vasos comunicantes post-electorales

Resulta curioso observar a los políticos opinando sobre las posibles alianzas post-electorales y ver como lo que hace unos días, antes de las elecciones, lo que defendían unos con respecto a otros eran barreras infranqueables que hacían difícil, cuando no imposible, plantear la posibilidad de acuerdos o pactos a la hora de gobernar, ahora no lo son tanto, es más, parece que el dique de separación se ha derrumbado completamente. Como ejemplo paradigmático tenemos a la candidata a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular que ha pasado de insultar públicamente sin reparos al candidato del PSOE acusándolo de mentir y de querer obtener la alcaldía a cualquier precio  a decir que tiene un programa que comparte y ofrecerle su apoyo para que sea el alcalde de la ciudad.
¿Cómo explicar este divorcio entre el antes y el después electoral?
Quizás puedan sernos útiles algunos conocimientos de neurociencia y psicología social, tales como la manera de actuar en los dos tipos de situaciones que se dan ante los problemas cotidianos y la importancia del contexto, a lo que es necesario añadir que nuestro cerebro no ha evolucionado para conocer la verdad sino para procurar la supervivencia del individuo y la especie, buscando las respuestas adaptativas a estos objetivos.
Nos encontramos con que por un lado se dan situaciones deterministas, que son aquellas en las que sólo existe una solución  correcta, y todas las demás respuestas son falsas.
Al encontrar la solución correcta – “la verdad”- yo me comprometo en lo que se denomina “toma de decisión verídica”. Ej. ¿Cuál es el nombre de mi hija?, ¿Cuánto dinero hay en mi cuenta bancaria?, ¿Cuánto es cinco más seis? ¿Cuál es el rio más largo del mundo? etc.
 Son situaciones en las que, como en los problemas que nos ponían en la escuela, debemos encontrar la respuesta correcta,  la pregunta es clara y nosotros debemos encontrar la única respuesta válida.
 Pero la mayoría de las situaciones de la vida real, fuera del ámbito de los problemas técnicos restringidos, son intrínsecamente ambiguas. La respuesta está oculta y también lo está la pregunta. Nuestros objetivos en la vida son generales y vagos, y nuestros intereses cambian con la situación.
Vivimos en un mundo ambiguo en el que aparte de los exámenes en nuestro periodo estudiantil y las trivialidades fácticas y computacionales, la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestras vidas cotidianas no tienen soluciones intrínsecamente correctas, de manera que las elecciones que hacemos no son inherentes  a las situaciones que se nos presentan, pudiendo haber hecho otras lo que supone un “coste de oportunidad” con cada elección que tomamos.  Ej. ¿Qué chaqueta voy a ponerme hoy? ¿Qué cenaré esta noche? ¿Dónde iré de vacaciones?
Las elecciones realizadas son un intercambio complejo entre las características de las situaciones y nuestras capacidades, nuestras aspiraciones, nuestras dudas y nuestra historia, siendo lógico esperar que la corteza prefrontal sea fundamental para tal toma de decisiones, puesto que es la única parte del cerebro donde los inputs que proceden del interior del organismo convergen con los inputs procedentes del mundo exterior.
Encontrar soluciones para situaciones deterministas es algo que puede hacerse por vía algorítmica de manera que cada vez se delega más en aparatos: calculadoras, computadores, directorios de todo tipo. Pero hacer elecciones en ausencia de soluciones intrínsecamente correctas sigue siendo, al menos por ahora, un territorio específicamente humano en el que intervienen de manera importante las emociones a través del mecanismo, descrito por A. Damasio, del “marcador somático”. Este tipo de soluciones se denominan “toma de decisiones adaptativas” y son las que se dan en las decisiones de interacción social, en las que hay una ausencia de verdades absolutas algorítmicamente compatibles, a diferencia de las decisiones técnicas.
 Resolver la ambigüedad ó “desambiguar la situación” en la jerga científica, significa a menudo elegir primero la pregunta, es decir, reducir la situación a una pregunta que tiene una única respuesta correcta.  Al escoger la chaqueta que me voy a poner tengo que decidir que pretendo con el uso de la misma (abrigarme, ir a la moda, impresionar a los demás, no dar la nota, etc.) y en función de ello decidiré cual de las chaquetas que poseo es la más adecuada.
La forma precisa en que “desambiguo la situación” depende de “mis prioridades e intereses en ese momento”, que pueden cambiar  y de hecho cambian y mucho, “dependiendo del contexto”. Siendo importante el que un individuo tenga flexibilidad para adoptar diferentes perspectivas sobre la misma situación en diferentes momentos. El organismo debe ser capaz de “desambiguar” la misma situación de múltiples maneras, y tener la capacidad de cambiar entre ellas a voluntad.
En resumen las decisiones verídicas tratan de “encontrar la verdad”, y las decisiones adaptativas y centradas en el actor tratan de escoger “lo que es bueno para mí y los míos” y su base cerebral son los lóbulos prefrontales.
  Pues bien, aclarados los conceptos anteriores, en los que se encuentran las claves para hacer una hermenéutica de la dualidad teórico/practica en el ejercicio de la política en particular y en las actividades cotidianas en general, pasemos a ver lo que ocurre en la práctica política.
Antes de las elecciones los debates se centran en las ideologías, programas y conductas de los diferentes grupos políticos, resaltando las diferencias, ya que ello es la razón de ser de cada uno. Son auténticos compartimentos estancos donde se nos hacen ver la imposibilidad de confluir dadas las enormes diferencias que los separan. Podríamos decir que estamos ante una situación de decisiones verídicas puesto que se trata de analizar unos documentos y/o hechos y compararlos para ver diferencias y/o similitudes, donde presuponemos que quienes acuden de manera independiente es porque no hay similitudes suficientes para confluir. Esto es algo que podría hacer una maquina como un ordenador. Las preguntas son concretas y claras y las respuestas también. Somos diferentes en aspectos que consideramos vitales tanto de contenido como de forma, pues concurrimos separados.
  Sin embargo cuando el debate se produce tras la cita electoral pasamos a hacer un tipo de valoraciones diferentes, como son ¿Qué partido o grupo gobernará si adopto una postura u otra y en qué forma ello beneficia a mi grupo, a mis electores, a mi ciudad o a mi persona?  Aquí aparece la ambigüedad, pues necesitamos aclarar ¿de qué tipo de beneficios hablamos? Electorales, éticos, económicos, de poder, para mi grupo, para la comunidad, etc. y en función de ello obtendremos un tipo de conducta adaptativa a realizar, siendo diferente en cada situación y no existiendo ningún barómetro que nos indique cual es la correcta, sencillamente porque no existe. Solo podemos aspirar a la hora de desambiguar la situación a hacernos aquellas preguntas que más se aproximen a los valores y principios que consideremos prioritarios.

  

viernes, 13 de marzo de 2015

EN RECUERDO DE CATHERINE (KITTY) GENOVESE… y una nota sobre la corrupción.

En la madrugada del viernes 13 de marzo de 1964, hace hoy 51 años, la joven Kitty Genovese de 38 años de edad, fue brutalmente asesinada cerca de su casa en el condado de Queens, Nueva York, cuando volvía de hacer el turno de noche en el bar en el que trabajaba de encargada.
En una primera agresión fue apuñalada por la espalda y en el abdomen por Winston Moseley. Ella gritó en el silencio de la noche: “¡Ay Dios mío! ¡Me han clavado un cuchillo! ¡Socorro! ¡Socorro, por favor! Se encendieron las luces de las ventanas en los apartamentos próximos. Alguien gritó: “Deje en paz a esa chica”. El agresor salió corriendo del lugar y las luces se volvieron a apagar, sin que nadie acudiera en ayuda de Kitty. Minutos después Moseley regresó y la siguió apuñalando y ella volvió a gritar pidiendo ayuda y de nuevo se encendieron las luces y de nuevo el agresor huyó. Se volvieron a apagar las luces y el asesino regresó para terminar lo que había empezado treinta y cinco minutos antes, a las tres y cuarto de la madrugada.
Treinta y ocho personas habían presenciado el asesinato y solo una llamó a la policía cuando la víctima ya había muerto. Nadie bajó a ayudarla.
Las circunstancias del crimen y la aparente reacción (o más bien la falta de ella) de sus vecinos aparecieron en un artículo de prensa dos semanas después provocando un escándalo en toda la nación, pues aún flotaba en el ambiente las terribles imágenes del holocausto y la pasividad del pueblo alemán ante el mismo.
Dos jóvenes psicólogos sociales, John Darley y Bibb Latané, decidieron investigar sobre la conducta humana solidaria e idearon una serie de experimentos para estudiar las condiciones en que el ser humano pasa por alto la demanda de auxilio de sus congéneres, así como las condiciones en que se impone la compasión. Su trabajo, denominado “Experimento del Espectador Apático”, se convirtió en uno de los experimentos clásicos de la psicología social y sus resultados se conocen como “Efecto espectador o «Síndrome Genovese».
Se aportaron dos razones para explicar el “efecto del espectador apático”.
Primero, la difusión de la responsabilidad. Esto ocurre cuando la gente piensa que otra persona va a intervenir y, como resultado, se siente menos responsable. En los experimentos de Darley y Latané, cuantas más personas participaban menor era la probabilidad de que interviniesen para ayudar. Siendo alrededor del 30% los que pedían ayuda cuando había al menos cuatro  participantes y del 85% cuando el sujeto estaba solo. Otro factor era el tiempo en reaccionar, de manera que cuando se pasaba de los tres minutos de que se produjese el suceso las probabilidades de prestar ayuda por parte de los presentes disminuían.  Además se encontraron con que la “Etiqueta Social”, es decir, los modales o código de conducta que delimita las expectativas para el comportamiento social de acuerdo con las normas contemporáneas convencionales dentro de una sociedad, la clase social o grupo, refuerza la difusión de la responsabilidad con tanta intensidad que la anula incluso en situaciones de vida o muerte, y todo por el “miedo al ridículo”  o a la “exclusión del grupo”, evidenciando una falta de confianza en uno mismo.
Segundo, la ignorancia pluralista. Esto se refiere a la mentalidad de que ya que nadie está reaccionando ante la emergencia mi ayuda personal no es necesaria. Observar la falta de acción de los demás dará lugar a la idea de que la emergencia no es tan grave en comparación con la percepción cuando uno está solo. Nos contagiamos inmovilismo unos a otros. Aquí seguramente también interviene la “Etiqueta Social” para no actuar y la autoexplicación que nos damos es una racionalización para justificar nuestra conducta.
En definitiva estos resultados vienen a confirmar de manera científica lo que la sabiduría popular en nuestro entorno ya sabía y  que aparece recogido en refranes como: "Mientras mas gatos mas ratones" o "Unos por otros la casa sin barrer"
Como resultado de sus experimentos Darley y Latané elaboraron las cinco fases de la conducta solidaria ante una situación de emergencia:
  • 1.- “Es preciso que quien puede prestar auxilio se dé cuenta de lo que está sucediendo”.
  • 2.- “Es preciso entender que el suceso requiere intervención”, esto no siempre es fácil en la vida real, dadas las ambigüedades que las situaciones pueden plantear y la fuerza de la etiqueta social, ante el temor de malinterpretar la necesidad de ayuda y hacer el ridículo ante los demás.
  • 3.- “Es preciso asumir la responsabilidad   personal”. Aquí necesitamos tener confianza en nosotros para evitar la dilución de la responsabilidad.
  • 4.- “Es preciso decidir qué acción emprender”.
  • 5.- “Es preciso actuar en consecuencia
Quisiera resaltar el descubrimiento de la importancia que tiene en nuestra conducta la “etiqueta social”, al ser modales o códigos de conducta que favorecen la cohesión de los grupos y por tanto su capacidad de supervivencia, por lo que deben sustentarse en una base biológica mediante el desarrollo de circuitos neurales que la favorezcan al implicar una ventaja evolutiva, además de ser reforzada culturalmente, de ahí su fuerza como motivador de conducta.
Como sabemos la evolución por selección natural no es ni buena ni mala desde el punto de vista de la  moral, sino que solo explica hechos. Por tanto esa “predisposición” a cerrar filas en pro del grupo puede ser positiva o negativa desde un punto de vista ético, dependiendo de los valores y principios que tengan el grupo o la sociedad en ese momento.
Si hoy tenemos una situación de emergencia social en lo referente a valores y principios es la CORRUPCIÓN en “TODAS” nuestras instituciones, como reflejo de una sociedad corrupta que entre “casi TODOS” sostenemos. Hemos presenciado y seguimos haciéndolo escándalos que van desde la monarquía, la iglesia, el gobierno, los partidos políticos, los sindicatos, los tribunales de justicia, el ejercito, las empresas, etc. Como diría un castizo “aquí no se salva ni Dios”. Y todo ello ocurre por la permisividad de “la ciudadanía”, porque forma parte de la “etiqueta social real” aunque no de la “etiqueta social formal”, de manera que todas las instituciones mencionadas y las que no, así como los ciudadanos, de manera pública expresaran su rechazo a la corrupción pero en la práctica seguirán sin hacer nada para evitarla, y practicándola cada uno al nivel que las circunstancias le permiten, rechazo verbal pero no visceral, sencillamente porque se trata solo de un rechazo formal, de acuerdo con las “normas sociales” de lo que se da en llamar lo “políticamente correcto”, pero no existe, al menos de momento, un rechazo emocional, que nos provoque repugnancia tanto los actos de corrupción como las personas que los cometen, especialmente si ocupan posiciones de relevancia social.
Si aplicamos los conocimientos adquiridos con los experimentos mencionados y sus cinco fases, lo primero a tener en cuenta es un diagnostico correcto de la situación, que al contrario de lo que nos cuentan no se trata de “casos aislados” o “manzanas podridas”, el problema no es solo disposicional, o sea de las personas, sino sistémico y situacional, son los “mimbres y el cesto” los que están podridos.
Por supuesto que estamos ante una situación que requiere nuestra intervención y de manera urgente y para ello tenemos “TODOS” que asumir nuestra responsabilidad tanto en lo que está ocurriendo como a la hora de poner remedio, para lo que hemos de intervenir en, al menos,  dos escenarios, uno sobre nosotros mismos, haciendo un ejercicio de autoconciencia y reflexión sobre nuestro modo de vida e intentar descubrir que cambios tendríamos que hacer para convertirnos en mejores personas que aspiran a una sociedad solidaria en un planeta limpio y lleno de vida, un ejercicio que debe ser estructural y permanente; y por otra parte como ciudadanos debemos participar en la política de nuestra ciudad, comunidad y país, apoyando a aquellas personas y colectivos de cualquier tipo que defiendan “de verdad” la defensa de lo público con honestidad y honradez, evitando que grupos y/o personas cuyos hechos, al contrario que sus palabras, nos muestran que no están por el tipo de mundo al que nos hemos referido anteriormente y siguen instalados en la corrupción, utilizando lo público para beneficio propio o de su grupo.                                                                              Coyunturalmente tenemos la oportunidad de actuar en los procesos electorales como los que están previstos próximamente. Ahora corresponde a cada uno realizar sus propios análisis para encajar las diferentes piezas del puzle en el escenario político actual y actuar en consecuencia. Si el rechazo a la corrupción no fuera simple retórica en nuestro país, Partido Popular, PSOE y CiU, hoy serian cadáveres políticos sin ningún apoyo por parte de los votantes. Esperemos a ver los resultados.

Córdoba 13 de marzo de 2015

lunes, 19 de enero de 2015

Hepatitis C. Nuevas víctimas del afán de lucro.

En estos días, a raíz del tratamiento de la hepatitis C, estamos viviendo una de las consecuencias de las políticas neoliberales que priman el beneficio económico sobre las vidas de los ciudadanos consiguiendo que los económicamente poderosos marquen las reglas eliminando los obstáculos a lo único que les importa y valoran: la riqueza, o mejor, “su” riqueza, aunque ello suponga la muerte de millones de seres humanos y el deterioro de nuestro entorno. Se trata de otro espacio de corrupción propia del sistema.
Nos encontramos ante una situación revolucionaria, sanitariamente hablando, en la que los nuevos tratamientos para la hepatitis C, una enfermedad mortal hasta ahora, pueden curarla rápidamente y sin dolor por unos pocos cientos de dólares (Investigadores de la Universidad de Liverpool han estimado que todo un curso de tres meses de Sofosbuvir (Sovaldi) se puede producir por menos de 140 dólares). Pero a menos que los tratamientos sean universalmente accesibles, millones de personas que los necesitan urgentemente se quedarán en la cuneta.
Nadie que conozca el coste humano de la hepatitis C podría cuestionar el valor de estos nuevos medicamentos, pero incluso en países ricos como Australia, están siendo forzados a cuestionar su precio.
Hace varias décadas que la industria farmacéutica dejó a un lado la parte humanitaria del compromiso social que sustentaba su razón de ser, evitar el sufrimiento humano mediante fármacos que curasen o aliviasen las enfermedades, y se centró en el aspecto económico intentando maximizarlo, incluso a costa de la salud de las personas.
No es casualidad que las farmacéuticas sean las empresas más rentables en EEUU (modelo hacia el que desgraciadamente nos dirigimos) encabezando las listas Fortune 500 un año tras otro, así como que en algunas campañas electorales hayan gastado más dinero que los propios partidos Republicano y Demócrata. Son la “joya de la corona” del sistema capitalista. Sus directivos se encuentran entre las personas “mejor” pagadas, “obscenamente” pagadas sería más correcto, pues alguno (John Hammergren) llega a los 145 MILLONES de dólares anuales con una indemnización en caso de despido de 469 millones.
 De su actividad criminal y falta de escrúpulos baste recordar que en los primeros años del 2000 la mayoría de las grandes empresas farmacéuticas pasaron por los tribunales de EEUU, acusadas de prácticas fraudulentas. Ocho de dichas empresas fueron condenadas a pagar más de 2,2 billones de dólares de multa. En cuatro de estos casos las compañías farmacéuticas implicadas –TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca y Bayer–han reconocido su responsabilidad por actuaciones criminales que han puesto en peligro la salud y la vida de miles de personas.
Suele decirse que si queremos que una mentira sea aceptada como verdad solo es cuestión de repetirla hasta la saciedad. La industria farmacéutica lo aplica a varios mitos consiguiendo que sean aceptados por políticos, médicos e incluso la sociedad en general. Veamos dos relacionados con el tema que nos ocupa: el elevado coste del tratamiento para la hepatitis C.
-           “Los medicamentos son tan caros por los altos costes de investigación y producción”                                                                                                                     
-           “Las innovaciones médicas son resultado de la investigación financiada por las farmacéuticas”                                                                                                                         
En realidad el precio de los medicamentos depende de lo que la sociedad en los países ricos está dispuesta a pagar por ellos, a veces, relacionado, con la capacidad de tratar o evitar una enfermedad o dolencia, pero sobre todo con la capacidad de las farmacéuticas de mantener a raya a la competencia mediante el uso de las patentes.                                     Los gastos en innovación suelen ser inferiores a los utilizados en el marketing de la promoción de medicamentos y no suelen sobrepasar el 5% de los beneficios. Toda la ciencia básica que ha permitido avanzar en la medicina moderna se ha desarrollado gracias a organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, centros de investigación y laboratorios públicos; existiendo diversos informes que indican que entre el 70 y 80 % de los fármacos más importantes de las últimas décadas se desarrollaron gracias al conocimiento y las técnicas de laboratorios públicos, aprovechándose después las farmacéuticas de ello. Veamos algunos ejemplos, la zidovudina, primer fármaco contra el SIDA que salió al mercado y que fue sintetizada en la Fundación contra el Cáncer de Michigan en 1964 sin que en ese momento se le conociese ninguna utilidad (los primeros casos de SIDA se diagnosticaron en 1981), a Burroughs Wellcome laboratorio que lo desarrollo y comercializó le costó poco dinero, sin embargo en 1987 el precio del tratamiento anual para cada enfermo era de 10.000 dólares; otro caso similar es el del ritonavir, fármaco contra el SIDA creado con los millones de dólares de los contribuyentes y que el laboratorio Abbott al comercializarlo elevó su precio en un 400%; el caso del Taxol, un fármaco eficaz contra varios tipos de cáncer (ovario, mama, pulmón, etc) que se obtenía del tejo del Pacífico y que fue sintetizado por los científicos de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, se entregó para su comercialización a Bristol-Myers Squibb, quien a pesar del bajo coste de producción en 1993 se embolsaba entre 10.000 y 20.000 dólares anuales por cada enfermo en tratamiento y cuando terminó el derecho de patente demandó a todos los que tenían intención de fabricar genéricos, retrasando con artimañas jurídicas la producción de fármacos más baratos y embolsándose miles de millones de dólares.  Precisamente el fármaco Sovaldi es otro ejemplo de lo que acabamos de decir. La empresa Gilead, comercializadora del medicamento no ha investigado nada, se ha limitado a comprarle la patente por unos 11.200 millones de dólares al pequeño laboratorio californiano PHATMASET que lo ha desarrollado, por cierto, basándose en la investigación realizada con fondos públicos por un centro británico. Si tenemos en cuenta que, según la propia industria, desarrollar un fármaco supone una inversión de 800 millones de dólares, cifra que se reduce cuando los analistas son independientes a menos de 100 millones, vemos que se trata de una operación especulativa en la que quien ha realizado la “innovación” ha obtenido sus beneficios, en cualquier caso superiores a los 10.000 millones y Gilead en una maniobra puramente comercial en la que, según publicaciones, ya ha recuperado lo invertido, pretende obtener unos ingresos desorbitados mediante la aplicación de precios elevados (84.000 dólares por tratamiento en EEUU, 25.000 euros en España) que nada tienen que ver con el coste del producto y si con la exclusividad que la explotación del mercado le otorga la protección de patentes, impidiendo que el tratamiento pueda ser aplicado a todos los enfermos que lo necesitan, calculándose en 150 millones el número de afectados a nivel mundial. Hagan los cálculos a cualquier precio de los barajados y comprobarán el ¨billonario” disparate  en beneficios que pretenden obtener los especuladores de Gilead.
De nuevo el afán de lucro se antepone a las vidas de las personas como ocurrió con los afectados por el VIH/Sida y los antirretrovirales, de los que no debemos olvidar que solo una cuarta parte de los mismos reciben tratamiento en la actualidad.
Ante la situación planteada en relación al tratamiento de la Hepatitis C tenemos que hacer una doble exigencia a nuestros gobernantes nacionales y/o comunitarios, por un lado que se aplique el tratamiento a todos los afectados que puedan beneficiarse del mismo de manera inmediata y por otro que se fabriquen o importen genéricos para evitar que las desorbitadas cantidades de dinero que quiere cobrar el laboratorio Gilead por el tratamiento original sean detraídas de otras necesidades básicas. Y para ello disponemos de suficientes mecanismos legales tanto a nivel internacional como nacional que no solo lo permiten sino que podríamos decir que los gobiernos que no los utilizan están despilfarrando dinero público y prevaricando en beneficio de un laboratorio especulador, pues el derecho de toda persona a disfrutar del nivel más elevado de salud física y mental se encuentra reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además la Constitución Española de 1978,  en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos su cumplimiento.
Desde la Ronda de Uruguay, a principios de los 90, en la que se creó la Organización Mundial del Comercio  (OMC) y se aprobaron las normas internacionales que protegen la propiedad intelectual (acuerdos ADPIC - Aspectos relacionados con la Defensa de la Propiedad Intelectual y el Comercio-), se produjo una interpretación sesgada por parte de las empresas hacia una excesiva protección de la propiedad intelectual que ha llevado en ocasiones a un conflicto con derechos fundamentales como la protección de la salud, especialmente el derecho de patentes sobre los fármacos. Esta situación confusa se aclaró en la Ronda de Doha del 2001, donde la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoció que los países tienen derecho a proteger la salud de sus ciudadanos saltándose la regulación internacional de las patentes y ratificó la legalidad de las licencias obligatorias -es decir, la posibilidad de que los gobiernos encarguen a laboratorios de genéricos que fabriquen los medicamentos necesarios- o bien que los importen de países que no hayan autorizado las patentes, para dar respuesta a un determinado problema de salud, a un costo, por tanto, mucho más barato.
En consecuencia disponemos de argumentos jurídicos nacionales e internacionales para que nuestros gobernantes, tanto a nivel europeo como nacional, puedan acceder a estos medicamentos a un precio razonable facilitando el tratamiento a los afectados sin poner en riesgo ninguna otra partida presupuestaria del sistema de salud y para ello lo único que tienen que hacer es cumplir el artículo 43 de nuestra constitución y tomar medidas “duras y valientes” como le gusta al presidente Rajoy, solo que en este caso la “dureza” recaería sobre las potentes empresas farmacéuticas, en vez de los “indefensos ciudadanos” y serian valientes de verdad al tener que enfrentarse a los poderosos y no a los más débiles como ha hecho hasta ahora con sus políticas de recortes, algo para lo que me temo no están cualificados ni él n su gobierno.

Un presidente ejemplar en este aspecto, y en tantos otros, fue Nelson Mandela, contra el que entablaron un pleito en 1998 treinta y nueve empresas farmacéuticas  por aplicar las leyes que permiten el uso de licencias obligatorias en relación con los antirretrovirales para el tratamiento del SIDA en Sudáfrica, actuando con “dureza y valentía” en la protección de la salud de su pueblo enfrentándose a las farmacéuticas (y a las presiones del imperio estadounidense) a las que derrotó en los tribunales. Otros países lo han hecho para tratamientos contra el SIDA y el cáncer y algunos empiezan a hacerlo con respecto al fármaco sofosbuvir (Egipto, India), luego “se puede” y la falta de solución al acceso a un precio asequible, en este momento, no se debe a problemas legales sino a estrategias de chantaje, amenaza y a la propia corrupción política que padecemos.

domingo, 4 de enero de 2015

Se buscan 50 diputados “libres”

Nos encontramos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia de nuestro país.
Un resumen de los hechos es el siguiente:
En 1946 en una España “nacional-católica” con el dictador F. Franco gobernando el país por “la gracia de Dios” se aprueba la Ley Hipotecaria en la que el artículo 206 da a la iglesia el privilegio (así lo clasifican muchas sentencias) de inscribir a su nombre mediante la propia certificación del Diocesano bienes de utilidad pública. En definitiva se equipara al obispo con un fedatario público. En el Reglamento Hipotecario, el artículo 5, prohibía la inscripción de los templos. En 1998 el gobierno de Aznar deroga dicho artículo 5.
Con estas herramientas a su disposición la iglesia ha desarrollado una voracidad registral, de manera que además de lugares de culto, que no necesariamente han de pertenecerle, pues el uso no otorga derecho de propiedad, ha registrado a su nombre viviendas, locales comerciales, almacenes, garajes, cementerios, fincas, solares, prados, viñas, pinares, olivares y hasta un frontón.  Entre los inmuebles apropiados destaca el edificio más emblemático de la ciudad de Córdoba, la Mezquita-Catedral.
La inconstitucionalidad de las normas aludidas es tan obvia que incluso un ministro neofranquista como Gallardón, de un gobierno que rezuma beatería ha tenido que tramitar su anulación. El problema es que lo ha hecho de tal manera que legaliza el expolio realizado por la iglesia, pues una vez que dicho artículo se derogue se incrementará la dificultad legal para exigir la anulación de las inmatriculaciones (inmuebles que se registran por primera vez) de la iglesia. Por ello es necesario presentar en el Congreso de los diputados un “Recurso de inconstitucionalidad” de las inmatriculaciones realizadas antes de que se produzca  para lo que se necesitan 50 diputados que lo firmen.
Ante esta situación cabe preguntarse: ¿cómo es posible que nuestros “demócratas” representantes permanezcan impasibles?
Quizás la respuesta la encontremos en la disciplina al partido que “obliga” a los diputados a defender las consignas que les marquen en detrimento de la defensa de los ciudadanos que los eligieron. Se prioriza la obediencia al jefe que los pone en la lista sobre los ciudadanos a los que se supone representan. Lo anterior hace que los partidos en realidad puedan ser utilizados por quienes ocupan nuestro Congreso como una oscura pantalla encubridora tras la que esconderse evitando tener que dar la cara como individuos responsables de lo que se aprueba o se rechaza, instalándose en lo que la psicología social denomina “pensamiento grupal” que entre otras cosas les lleva a la creencia no cuestionada de la ética del grupo haciendo que sus miembros ignoren las consecuencias de sus actos con un sentimiento de invulnerabilidad y un optimismo excesivo ante la dilución de la responsabilidad que se produce, a lo que se añade la presión a los miembros del grupo que están en desacuerdo produciéndose una ilusión de unanimidad entre los componentes del “grupo-partido”. Lo anterior se ve agravado cuando nos encontramos en una situación en que la ética del partido ha sido sustituida por la corrupción como vemos en los abundantes casos que se nos muestran diariamente.
Necesitamos políticos que antepongan la ética a la legalidad en el cumplimiento de las normas, que se liberen de la obediencia ciega al partido que pertenezcan y tengan la valentía de defender lo que piense que es justo, aunque sea contrario a lo que el partido proponga, que antepongan la libertad de pensamiento y acción al servilismo partidario, que actúen “heroicamente”, sin miedo a lo que puedan pensar los demás ni a las consecuencias que tal acción les pueda acarrear.
En definitiva se trata de que, puesto que la ley es inconstitucional, de ahí su próxima derogación, se presente un “Recurso de inconstitucionalidad” en el que se exija la anulación de todas las actuaciones realizadas por la iglesia basándose en la misma, volviendo los inmuebles a la situación previa a la inmatriculación, y a partir de ahí, que la iglesia solicite, como cualquier otro ente jurídico, el poder registrar a su nombre aquellos inmuebles que considere le pertenecen aportando los documentos legales que lo acrediten y que según la ley son “el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos” y para ello, como ya hemos apuntado, se necesitan que al menos 50 de los 350 diputados que nos representan rompan las cadenas que los atan al partido que pertenecen y actúen como individuos libres en defensa del patrimonio público, pues cuando se demuestre, y se demostrará, que un solo inmueble, y hay cientos, ha sido adquirido por la Iglesia de manera irregular, se les señalará como cómplices y responsables por su inacción.







lunes, 17 de noviembre de 2014

El Triunfo S. Rafael y otras inmatriculaciones.

Pleno Municipal 11 de noviembre de 2014.

En el mes de marzo y desde este mismo lugar, en nombre de Córdoba Laica, denuncié la apropiación que mediante la inmatriculación de la Mezquita-Catedral, el obispo de Córdoba había hecho, en una situación que podríamos considerar, en el mejor de los casos, de “dudosa legalidad”, dada la diversidad de opiniones al respecto por parte de los especialistas, y de apropiación de un bien público por parte de una entidad privada (obispado de Córdoba), en el peor.
El objeto de mi intervención era apoyar la moción de IU al respecto y pedir, como ciudadano, la intervención de TODOS los aquí reunidos por ser los representantes de los cordobeses para “aclarar” y en su caso “evitar” el hecho denunciado.                 Evidentemente no tuve éxito.
Comencé mi intervención con una cita que hacía referencia a las tres fases por las que suele pasar toda verdad y la verdad que trataba trasladarles en aquella ocasión consistía en denunciar el abuso que la iglesia estaba haciendo en relación a los registros de la propiedad basándose en unos artículos, ahora muy conocidos, de la Ley y Reglamento Hipotecarios (206 y 304 respectivamente) que entendemos inconstitucionales mediante los que no solo esta inmatriculando inmuebles que si le pertenecen y que antes de la modificación del 1998 no podían registrar, sino que estaban y siguen registrando a su nombre inmuebles que está claro que no le pertenecen y otros en los que hay serias dudas al respecto.
Pues bien, en ese pleno, tanto el gobierno municipal como el resto de la oposición a excepción de IU que presentaba la moción, podríamos decir que actuaron según la primera y segunda fase considerando como algo ridículo y rechazable tal petición.
Sin embargo un mes después el 11 de abril el gobierno, a propuesta del entonces ministro de justicia Sr. Gallardón, aprueba el anteproyecto de la reforma de la ley hipotecaria en la que los  criterios para las inmatriculaciones de la Iglesia se equiparan con el procedimiento generalizado. Es decir, desaparece el privilegio denunciado y recogido en los artículos de referencia, considerados por muchos, inconstitucionales y propios de una dictadura nacional-católica y no de un estado de derecho aconfesional.  Aunque en realidad, al dar un año de plazo para su aplicación y no tener efectos retroactivos, lo que se consigue con esta reforma es una amnistía registral para la iglesia católica.
Meses después, domingo 28 de septiembre, en el Diario Córdoba puede leerse:
 “La oposición reacciona indignada con la "apropiación" del Triunfo de San Rafael”. 
Resulta gratificante que a estos grupos políticos les haya ocurrido lo que cuenta la leyenda sobre Pablo de Tarso y por fin se les haya caído la venda para poder ver la voracidad del obispado de nuestra ciudad en particular, y de la iglesia católica en general, a la hora de apropiarse bienes públicos.                            Como suele decirse, “nunca es tarde si la dicha es buena”.
El ejemplo más reciente de este afán acaparador de  bienes materiales, especialmente inmobiliarios, por parte de la iglesia católica lo tenemos en la inmatriculación que el obispo de Palencia realizó de unos edificios (entre ellos una Iglesia Cisterciense) ubicados en una propiedad privada y  registrados como pertenecientes a la empresa que los compró.                                                                                                        El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó la semana pasada a España por falta de "justo equilibrio" entre el interés general y la protección de bienes, en el litigio entre la Iglesia católica y la empresa propietaria del terreno. Teniendo que soportar la demandante una carga especial y exorbitante" por una actuación "arbitraria y difícilmente predecible" a favor de la Iglesia en la inscripción de bienes.
Da la impresión que la sentencia “Mi reino no es de este mundo” no ha tenido mucha influencia en la jerarquía católica.
Volviendo a nuestra ciudad resulta escandaloso el listado de bienes que recientemente los ciudadanos de Córdoba hemos tenido conocimiento que han sido registrados a nombre de la iglesia por parte del obispado, entre los que destacamos el Monumento del Triunfo de San Rafael, junto a la plaza en la que se encuentra y la del Pocito.
Con respecto al primero todo apunta a que se trata de una apropiación indebida en toda regla, Ya que, aunque hablan de documentos históricos que fundamentan la propiedad de la Iglesia, no han presentado título alguno en el Registro. Lo que no nos sorprende ya que desde hace más de un siglo es el Ayuntamiento de Córdoba el que se encarga del monumento, teniéndolo inscrito en su Inventario de Bienes como propio desde que el obispo Sr. Tarancon y Morón llegó a donar al Consistorio el bien en agosto de 1850 al estar abandonado por los dirigentes eclesiásticos y diciendo que únicamente podía manifestar conformidad  al no tener acción ni título alguno que justificase la propiedad del sitio.
Es el Ayuntamiento de Córdoba, o sea los aquí presentes, quienes deben impugnar la inmatriculación hecha en 2011 por parte del Obispado.
Si no lo hacen, los ciudadanos de Córdoba deberíamos tomar medidas al respecto, pues la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 68 permite que  cualquier vecino no inhabilitado podría dirigirse al Alcalde (como estoy haciendo en este momento) para que cumpla con sus obligaciones. Y ese u otro vecino (o vecina) estaría facultado para hacerlo en lugar del Ayuntamiento, si éste no emprendiese las acciones legales para recuperar el bien, en el plazo de treinta días.
Esto abriría una dura batalla jurídica, por supuesto, pues tenemos el ejemplo anteriormente mencionado en el que ha tenido que ser el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el que actuase corrigiendo al Tribunal Supremo y al Constitucional de nuestro país ya que para los jueces europeos, “ambos altos tribunales han vulnerado principios esenciales, como el de la igualdad de trato y la defensa de la propiedad privada”, pero sería la manera que nos quedaría a los cordobeses para impedir que termine consumándose la usurpación de otro bien municipal por parte de la iglesia.
Finalmente hacer referencia al barómetro del CIS del mes de octubre en el que los ciudadanos, detrás del paro y la corrupción, consideran a los políticos como uno de sus principales problemas en lugar de verlos como los agentes solucionadores de los mismos que sería lo deseable.
No se sienten esperanzados con los políticos actuales sino “in-dig-na-dos”.
Por otra parte la iglesia católica no está precisamente en su mejor momento por los escándalos protagonizados por algunos de sus miembros.
Lo anterior son síntomas de la mala salud ética y social que padecemos, por ello necesitamos medidas terapéuticas urgentes y podríamos empezar en la gestión municipal cambiando el “mènage a trois” (gobierno municipal, obispado y ciudadanos) por un “maridaje” entre los ciudadanos y sus representantes municipales, a través de su Alcalde, dejando la iglesia para el espacio privado de cada cual en función de sus creencias.
Quizás de esta manera se consiga recuperar la confianza y la ilusión por parte de la ciudadanía en nuestros políticos más cercanos como son ustedes y de paso se le haría un gran servicio a nuestro estado de derecho, a nuestra democracia y a la salud ética y social de nuestro país.

Muchas gracias por su atención y buenas tardes.

viernes, 31 de octubre de 2014

Pobreza, Ébola y otras epidemias.

Los profesionales de la salud en general y los de salud pública en particular, sabemos que cuando nos enfrentamos a una enfermedad infecto-contagiosa, como es el caso del Ébola, existen tres frentes sobre los que podemos actuar: la fuente de contagio, el mecanismo de transmisión y los sujetos susceptibles de enfermar, siendo variable la eficacia de la actuación en cada uno de los frentes según la enfermedad que estemos tratando.
También sabemos que la salud pública, en los países desarrollados, es la “hermana pobre” del sistema sanitario, más centrado en la medicina asistencial especialmente los hospitales, que en las medidas preventivas. Es decir, nos “preocupamos” más del tratamiento de las enfermedades que de su prevención. Cuando digo “nos preocupamos” significa “destinamos dinero”, que empleamos sobre todo a la compra de fármacos y equipamientos, o sea, gastos para los ciudadanos, bien directamente (medicina privada) o a través de los Estados (sistemas públicos de salud) e ingresos para las compañías farmacéuticas y similares. Gastos muy justificados en algunos casos y no tanto en otros.                                                                                                                       Recordemos las críticas que se han hecho por expertos mundiales en salud sobre el abordaje político, ante la epidemia de gripe A ,que se realizó por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de los ministerios de sanidad de diferentes países (incluido el nuestro), por la alarma sanitaria mundial generada innecesariamente. Así como los intereses económicos que han condicionado la definición de pandemia, la vacunación y los antivirales (Tamiflu).                                                                                                      Los diferentes grupos de expertos que asesoraron tanto la elevación de la alerta a nivel de pandemia (lo que implica reducir las garantías necesarias para utilizar fármacos) así como la indicación de la vacuna(que como consecuencia de lo anterior no tuvo que superar los controles habituales) han sido denunciados por existir en varios de sus miembros “conflictos de interés” al estar recibiendo fondos de compañías farmacéuticas productoras de las vacunas recomendadas y los antivirales ( Roche, Novartis, GlaxoSmithKline y Sanofi-Pasteur entren otras). Con la aplicación de la vacuna, se expuso a la población a un fármaco experimental sin ninguna garantía de seguridad y eficacia, eso sí, garantizando a la industria farmacéutica su no responsabilidad ante las posibles consecuencias negativas en su aplicación y el  Tamiflú, fármaco de dudosa eficacia y bajo sospecha por las agencias del medicamento por los frecuentes informes acerca de sus graves efectos secundarios, especialmente en niños y jóvenes con alteraciones de conducta que en muchas ocasiones terminan en muerte. La compañía farmacéutica que lo fabricaba (Roche) estaba con las acciones por los suelos y con estas actuaciones de los responsables políticos-sanitarios consiguieron que subieran exponencialmente, forrándose todos los accionistas, siendo uno de los principales Donald Rumsfeld, antiguo secretario de estado de EEUU.                                                                                                               Marc Gentilini, infectólogo, miembro de la Academia de Medicina y ex-presidente de la Cruz Roja francesa, señaló que se trataba de una “pandemia de la indecencia".                                                     La mayor parte de los millones de dosis de vacunas compradas hubo que destruirlas, o como hicimos en nuestro país, donarlas a países del tercer mundo, apuntándonos un acto de solidaridad, cuando lo que realmente estábamos haciendo era endosarles el coste de la destrucción de las mismas, pues a ellos igual que a nosotros no les eran de ninguna utilidad. En Reino Unido informaron que el coste de las vacunas destruidas superaba los 700 millones de euros. En España, fiel a su política de “transparencia” no se han publicado datos.
Si ponemos la mirada en otra pandemia como es la del VIH/Sida, también podemos sacar enseñanzas de lo que hicimos/hacemos y lo que deberíamos haber hecho/hacer.                                                                    El panorama actual, aunque no lo percibamos al haberse retirado los focos mediáticos, es desolador. En torno a 36 millones de afectados y con más de un millón anual de muertes, la mayoría en África subsahariana y América latina, es decir, países de extrema pobreza donde las personas además mueren de hambre. Según los datos de ONUSIDA la mayor fuente de contagio es por transmisión sexual, por lo que el uso del preservativo es la mejor medida preventiva que podemos recomendar y debido a la pobreza de los países afectados y la dificultad para disponer de los fármacos necesarios, casi la única herramienta disponible para combatir la enfermedad. Sin embargo  personajes con gran influencia sobre las conductas de las personas que profesan el catolicismo como son los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, en sus respectivas visitas a África expresaron, de acuerdo con la doctrina de su iglesia proclamada en 1968 por Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae, la prohibición del uso del condón, lo que ha puesto a millones de personas en la disyuntiva de convertirse en grandes pecadores o infectarse de Sida y morir.Desgraciadamente para millones de africanos la obediencia a las ignorantes y peligrosas recomendaciones de ambos Papas les han llevado a contraer la enfermedad y a la muerte.
Por otro lado la industria farmacéutica puso todo su empeño en dificultar el uso de genéricos, lo que permite el abaratamiento de los fármacos retrovirales y la posibilidad de que el tratamiento llegase a más enfermos.  Ambas conductas, las de los Papas y las farmacéuticas, pueden ser calificadas de criminales por las consecuencias producidas. Por este motivo junto a otros como la ocultación y protección de los miembros de la iglesia que abusaron de menores se interpuso en el 2011 una denuncia contra el Dr. Joseph Ratzinger (Papa Benedicto XVI) ante la Corte Penal Internacional en La Haya por crímenes contra la humanidad según el Art. 7 del Estatuto de la CPI, por los abogados H.J. Hetzel  y C. Sailer.
En cambio en los países desarrollados la enfermedad empezaba a estar controlada por el uso de medidas preventivas (preservativo y jeringuillas no compartidas) y la eficacia de los caros tratamientos disponibles. Digo empezaba, ya que con las medidas de austeridad para los ciudadanos, que no para los bancos y sus consejeros, que algunos gobiernos están aplicando empieza a aumentar la incidencia en estos países.
¿Qué pasa con el virus del Ébola?                                                                                                            Lo primero que hemos de señalar es que como en tantas otras circunstancias negativas de la vida los más afectados son los más pobres.  Así nos encontramos con una epidemia localizada, de momento, en una zona de África  donde su población se encuentra en la pobreza extrema, a pesar de disponer de importantes recursos naturales: Sierra Leona siendo un país rico en la producción de diamantes es el segundo país más pobre del mundo con un 68% de la población por debajo del umbral de la pobreza; Liberia con el 88% de desempleados es el segundo país del mundo con la mayor tasa de desempleo; Guinea es un país muy rico en minerales, incluyendo la bauxita, diamantes, oro y aluminio y sin embargo tiene una parte importante de su población (más del 60 %) por debajo del umbral de la pobreza. Es decir un puñado de ladrones, a los que los países desarrollados no son ajenos, se llevan las riquezas mientras la mayoría de la población muere de hambre y/o enfermedades. La verdadera tragedia del brote de Ébola es que la mayoría de africanos no tiene acceso a los medicamentos, instalaciones y profesionales de los que disponemos en Occidente y que podrían haber evitado el descontrol de la enfermedad y, si no actuamos, su expansión al resto del mundo.     Según los datos que nos llegan de las organizaciones implicadas en hacer frente a la enfermedad sobre el terreno (Médicos sin frontera, Cruz Roja), se trata a fecha actual de algunos miles de personas afectadas y consideran que con unos mil millones de dólares la epidemia podía frenarse, y que de no actuar rápidamente el número de afectados crecerá de manera exponencial y podríamos pasar de miles a millones. Sin embargo  los países desarrollados están más preocupados en que la epidemia no salga de África que en su eliminación, de ahí que la OMS haya sido sustituida por la ONU y se estén enviando militares (controlar a los enfermos) en lugar de sanitarios para tratarlos, cuando lo inteligente, aunque solo fuera por egoísmo, sería actuar sobre la “fuente de contagio” en los países afectados.  Intervención posible y asequible pues se trata de pequeñas cantidades comparadas con las que estamos acostumbrados a oír en relación con rescates bancarios y otros fraudes que padecemos.                                                                                                      De esta manera ganamos TODOS desde el punto de vista de la salud, pero no quienes están esperando como buitres a engrosar sus ingresos mediante la administración de vacunas( se habla de vacuna en fase experimental en Suiza) y medicamentos a los sujetos enfermos y/o susceptibles de padecer la enfermedad como ocurriría si tenemos la desgracia, y suerte para ellos, de convertirse en “pandemia” con afectación de los países ricos.  

 Quizás no sea ajeno a la ocupación militar el hecho de que se están realizando estudios por parte de compañías petroleras ante la alta probabilidad de que existan yacimientos de petróleo presalino al igual que en Brasil, al tratarse de la zona especular de lo que formaban el continente Gondwana que se fracturó hace 120 millones de años.                                                                                                                                   Como dice el profesor Adam C. Levine de la Brown Medical School:                                               “Tristemente, conocemos los virus de Marburg y el ébola desde hace casi 50 años y se han llevado a cabo muy pocas investigaciones para el tratamiento efectivo o las vacunas. Esto no se debe a falta de interés por parte de médicos y científicos, sino más bien a la escasez de dinero. Las compañías farmacéuticas no suelen estar dispuestas a invertir en investigaciones para prevenir o tratar enfermedades que sólo afectan a gente pobre, ya que obtendrían pocos (o ningún) beneficios”.

Lo peor de todo es que ni los gobiernos ni los organismos internacionales están actuando con la celeridad que el caso requiere, pues cada día que pasa las negras listas de fallecidos siguen aumentando aunque solo sea en los negros países africanos con pobreza extrema.

jueves, 2 de octubre de 2014

Otro “Triunfo” para el obispo de Córdoba.

En marzo de este año asistí al pleno del Ayuntamiento de Córdoba para, en nombre de Córdoba Laica, denunciar la apropiación de la Mezquita-Catedral por parte del obispado.
Comencé mi intervención con una cita de  Arthur Schopenhauer:
"Toda verdad pasa por tres fases. Primero se la ridiculiza; segundo, genera una violenta oposición y tercero, resulta aceptada como si fuera algo evidente".
En ese pleno tanto el gobierno municipal como UCOR y PSOE, podríamos decir que se expresaron según la primera y segunda fase de este aforismo, o sea, considerar  la petición de que actuasen en defensa del bien público (en este caso la Mezquita-Catedral)  como algo ridículo y rechazable.
Lo anterior viene a colación por la noticia aparecida en el Diario Córdoba del domingo 28 de septiembre, según la cual:
“La oposición reacciona indignada con la "apropiación" del Triunfo de San Rafael”. 
Resulta gratificante que a estos grupos políticos les haya ocurrido lo que cuenta la leyenda sobre Pablo de Tarso y por fin se les haya caído la venda para poder ver la voracidad del obispado a la hora de apropiarse bienes públicos. Como suele decirse, más vale tarde que nunca.
Desgraciadamente para el patrimonio de la ciudad, y afortunadamente para la iglesia, quienes siguen aún ciegos, o deslumbrados por su nacional-catolicismo, son los miembros del gobierno municipal del Partido Popular, cuyas declaraciones y actuaciones muestran la incompetencia para gestionar lo público y el servilismo ante la jerarquía eclesiástica.
Por otra parte el Sr. Durán, que ya no forma parte del Ayuntamiento, “ahora” parece enterarse y preocuparle las inmatriculaciones  de la iglesia (inscribir en el registro de la propiedad) de multitud de edificios y terrenos  de la ciudad, cosa que no parecía afectarle cuando sí estaba en el consistorio, como demostró con su abstención ante la moción de Izquierda Unida en el sentido de que se investigara la apropiación de la Mezquita-Catedral por parte del obispado.
Ante la lluvia de noticias acerca de las apropiaciones de edificios y terrenos por parte del obispado y de la reacción de los políticos municipales de TODA la oposición, parece que estuviésemos llegando a la tercera fase sobre la verdad ,según Schopenhauer, y que en este caso consiste en que el obispado se está apropiando de bienes públicos de la ciudad. ¡Ojalá!
Aunque existen ciudadanos que de buena fe creen que tener a la iglesia como propietaria supone una garantía para estos edificios, en cuanto a su conservación y disponibilidad de los mismos. Recordarles que los hechos cuentan otra historia, tanto en el pasado como en el presente. 
En el pasado sabemos que fue la reticencia de algunos monarcas (Isabel y Carlos I) y la resistencia del pueblo de Córdoba con su Cabildo Municipal a la cabeza quienes se opusieron a las reformas del obispo que seguramente habrían terminado con la Mezquita, como ocurrió con la de Sevilla, de la que solo permanece la Giralda, y todas las que existían en el resto del país.
En cuanto a lo que ocurre en la actualidad deberían observar lo que pasa en Estados Unidos, donde a causa de las indemnizaciones a las víctimas de pederastas eclesiásticos (en las que están implicados sacerdotes, obispos, cardenales, etc.) bien por mandato judicial o por acuerdos para tapar el escándalo, se están viendo obligados a vender iglesias y otros edificios propiedad de esta organización.

No sería nada sorprendente que en nuestro país, si alguna vez conseguimos que la razón se imponga a la superstición y en consecuencia gobernantes y jueces actúen con sensatez y profesionalidad, la iglesia pueda verse en serios apuros, entre los cuales estarían los económicos, aunque solo sea por tener que responder ante las miles de apropiaciones hechas abusando de unas normas  anticonstitucionales, antidemocráticas y nada éticas.

viernes, 4 de julio de 2014

El obispo y los gusanos

Hace tiempo se contaba un chiste entre los estudiantes acerca de un profesor de biología que tenía por costumbre hacer siempre la misma pregunta en el examen de fin de curso: “Hábleme usted de los gusanos”, decía el referido profesor y los alumnos que ya sabían lo que les iba a preguntar se explayaban en su respuesta.
Ocurrió que un año al iniciar los exámenes el profesor preguntó:”Hábleme usted de los elefantes” a lo que el alumno de turno tras unos segundos de perplejidad respondió; “Los elefantes son unos animales que tienen una trompa llamada probóscide con forma de gusano y los gusanos…”
Viene lo anterior a cuento de las declaraciones del obispo de Córdoba y quienes le acompañan en la maniobra de apropiación, por parte del obispado, de la Mezquita-Catedral y en el empeño de borrar todo lo relacionado con el aspecto islámico del monumento.

Declaraciones que debería provocar sonrojo y vergüenza ajena ante la burda manipulación y deformación del debate planteado si no fuese por la influencia que dicho personaje ejerce sobre quienes están dispuestos a escucharle, pues por mucho que se le insista por una parte importante de la sociedad, tanto local como internacional, que nos explique “los elefantes”, es decir, ¿por qué abusando de unas leyes anticonstitucionales el obispado a inscrito a su nombre el referido monumento, que entendemos pertenece a TODOS los ciudadan@s de Córdoba? y ¿por qué ha borrado todo lo referente a lo que de Mezquita tiene el mismo?, el Sr. obispo se empeña en “hablar de los gusanos” y nos cuenta que “la comunidad cristiana cordobesa tiene derecho a tener su templo” , que “atacar la Catedral es atacar al corazón de la Iglesia”, etc. en definitiva afirmaciones que nada tienen que ver con la cuestión planteada y que nadie cuestiona.  
Nos habla de los gusanos cuando le preguntamos por los elefantes.
En cuanto al Sr. Gallardón, que tiene el mérito de haber conseguido como ministro de justicia que ésta esté a la cabeza en el ranking del descrédito y desapego por parte de la ciudadanía, y sus declaraciones al respecto “rechazando la expropiación por crear inseguridad y ser económicamente inviable”, decir que es otro que no se quiere enterar, ¡o sí!, pues nadie pretende expropiar la Mezquita-Catedral a la Iglesia, que de lo que se trata es de que ella no nos la “expropie” por 30 euros al pueblo de Córdoba.
Otro participante en el espectáculo mediático es el arquitecto conservador que aboga por el uso del templo ya que ello garantiza su conservación porque cuando no se usa un edificio comienza su “mineralización”. Totalmente de acuerdo, no solo los edificios se deterioran por falta de uso, a veces incluso la inteligencia, por eso consideramos que el uso de la Mezquita-Catedral debería ampliarse a más actividades culturales.
Así que por mucho que les preguntemos por los elefantes ellos nos siguen hablando de los gusanos.

jueves, 26 de junio de 2014

“El obispo avispa”

En el Diario Córdoba del día 23 de junio de 2014 aparece el siguiente titular:
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, consideró en la homilía de ayer, refiriéndose a la Mezquita-Catedral, que "no es el momento de discutir cuál es su nombre, sino de sumar esfuerzos para que el templo continúe siendo lo que es, al servicio de todos los que quieren visitarlo y para orgullo de todos los cordobeses".
Cuando alguien dedica su vida a vivir del cuento, le puede ocurrir lo que al señor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, que desarrolle una gran habilidad en el uso del lenguaje para manipular la realidad y conseguir que quien provoca un conflicto aparezca como “conciliador” o, peor aún, “victima” de la situación que él y los suyos han provocado, porque ha sido él y la organización que representa (Iglesia Católica) quienes han provocado la alarma social con repercusiones internacionales al apropiarse de la Mezquita-Catedral tanto física como simbólicamente.
En 2006 el obispado de Córdoba  abusando de unas leyes anticonstitucionales (recientemente derogadas aunque sin efectividad hasta dentro de un año)que le otorgan la potestad de actuar como notario, la ha inscrito en el registro de la propiedad a nombre de la Iglesia Católica y ha cambiado el nombre amputándole precisamente la parte del mismo que realza su importancia a nivel mundial por lo que representa de legado histórico y arquitectónico, la Gran Mezquita Omeya , reduciéndolo a lo que constituye una parte del mismo, Catedral.
Aunque históricamente se la ha denominado Mezquita a secas, desde 1994 el Ayuntamiento decide por consenso el nombre integrador de  Mezquita-Catedral,  sin embargo el obispo y los jerarcas de su organización han decidido que se llame solo Catedral y además nos aconseja en “plan conciliador”, de “buen rollito” que diría un moderno de hoy,  que no es momento de discutir sobre el nombre, sin aclarar si es que se ha dado cuenta del disparate y ha decidido que se siga llamando Mezquita-Catedral, o como nos tememos, que dejemos de dar la lata y acatemos el nombre que han decidido que para eso, según ellos, es suya.
Añade en su homilía que sumemos “…esfuerzos para que el templo continúe siendo lo que es, al servicio de todos los que quieren visitarlo y para orgullo de todos los cordobeses".
No Sr. obispo, no SOLO queremos que esté al servicio de todos los que quieran visitarlo (previo pago que va a sus arcas libre de impuestos), sino que siga siendo PROPIEDAD DE TODOS LOS CIUDADANOS DE CORDOBA, repito de TODOS y no de una organización privada como es la Iglesia a la que usted pertenece y que está subordinada a un estado extranjero como es el Vaticano, por lo que de no remediarlo la Mezquita de Córdoba, “orgullo de todos los cordobeses", podría acabar en manos extranjeras.
A este respecto resulta lamentable la actitud del gobierno municipal que no solo no defiende la titularidad pública del monumento emblemático por el que se conoce a nuestra ciudad en el mundo, sino que, como otros muchos edificios y servicios de la ciudad, apoya su paso a manos privadas. No sería descabellado que sacasen una ordenanza municipal obligando a todos los negocios que tienen el nombre de Mezquita a cambiarlo por el de Catedral.
Al parecer también reivindicó el derecho de la comunidad cristiana cordobesa “a tener su propia catedral”. Otra perla de este Sr. pues no se suele reivindicar lo que ya se posee y todos sabemos que parte del monumento en cuestión es una Catedral, por eso reivindicamos el nombre de Mezquita-Catedral y que ésta (la parte que constituye la catedral) siga siendo utilizada para el culto católico. Recordemos que el término "catedral" significa una iglesia donde se encuentra el asiento del obispo y que no todas las catedrales son enormes iglesias góticas. 
Dice el periódico que “En su homilía, el obispo también reflexionó ayer, Día de la Caridad Fraterna, sobre el trabajo de Cáritas, de la que recordó que ha ayudado en el último año a uno de cada cuatro cordobeses.” Loable labor la de esta organización cristiana, aunque la jerarquía católica no debería sacar pecho ante ella, pues sus aportaciones económicas apenas suponen el 2% de su presupuesto total y en el 2013 de los 247 millones recaudados por la Iglesia a través de la casilla del IRPF solo 6 millones se destinaron a este organismo, lo que supone un 2.5% del total recaudado. Reducida aportación que están dispuestos a disminuir en caso de que se les obligue a pagar impuestos, como amenazó el Sr. Rouco Varela.
El Sr. obispo con sus palabras actua mas como una avispa, aguijoneando a sus feligreses provocandoles irritabilidad y temor ante amenazas que solo están en su imaginación, que alguien que, en función de su cargo, debiera sembrar tranquilidad, paz y concordia entre todos los ciudadanos cordobeses.

Conviene recordar las demandas de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de tod@s para comprobar que no existe ninguna amenaza para los feligreses, pues en  ningún momento se ha cuestionado el uso litúrgico por parte de la Iglesia Católica de la parte del monumento que constituye la catedral, otra cosa distinta es lo referente a la jerarquía eclesiástica y su afán por apropiarse del edificio. Así desde la Plataforma se pide que el Obispado deje de emplear institucionalmente solo el término catedral para referirse a todo el monumento. También exige el reconocimiento jurídico de su titularidad pública. De ahí, se desprende que plantee una gestión pública a través de un patronato que, al estilo del que rige la Alhambra, garantice una gestión cultural y económica transparente. Por último, plantea la redacción de un código de buenas prácticas entre las Administraciones públicas, académicas, ciudadanas y la Unesco, para evitar acciones que perjudiquen tanto a la imagen y significado del monumento, como a los intereses generales de Córdoba, Andalucía y España, al ser uno de los tres monumentos más visitados del Estado.